Los caballos salvajes capturados, no identificados con dispositivo electrónico y no reclamados por su propietario podrán ser enviados directamente al matadero para su “destrucción”. Así lo establece el decreto de la Xunta, publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de ayer, en el que se impone la obligación de que todos los équidos lleven el microchip. El sacrificar o no a los que no lo porten dependerá de las autoridades municipales, que tienen como alternativas subastarlos en pujas públicas o entregarlos a espacios de acogida “con capacidad de recepción”.
La Consellería do Medio Rural e do Mar mantiene, de este modo, una decisión que ha levantado a los propietarios de los caballos salvajes del sur de la provincia de Pontevedra. Consideran que la norma ignora a las burras do monte, équidos de pura raza gallega que viven en libertad, y creen que los aboca a su extinción. En este sentido, Xilberte Manso, de la plataforma SOS Groba, incide en que el sistema de identificación electrónico no mejora al tradicional, y pone un ejemplo práctico: “Si hay un accidente y el caballo escapa, ¿de qué vale el microchip?”.
La cría de estos animales no reporta beneficios económicos, por lo que el pago del transpondedor, con coste de unos 40 euros, supone un “gravamen que desanima” a los que todavía mantienen viva una raza y una tradición con orígenes en la prehistoria. En el texto también se marcan una serie de complejos trámites burocráticos para que los caballos puedan asentarse en montes en mano común.
Como medida de presión, por ahora sin éxito, este año se han suspendido los seis curros del Val Miñor, de forma que gran cantidad de animales quedarán sin identificar, ni con el microchip ni de la forma tradicional, con las marcas a hierro y su inclusión en un registro. “Crean un problema donde no lo había”, esgrime el representante de SOS Groba. Esta plataforma, junto a la asociación de propietarios, ha convocado para mañana una marcha a caballo por las calles de Vigo, con final simbólico en la Plaza de España, en cuyo centro se alza una estatua que refleja a estos caballos.
La Xunta, además de los argumentos sobre la seguridad vial y los posibles daños en cultivos, siempre justificó la implantación del microchip como imposición de la Unión Europea. Sin embargo, la normativa comunitaria admite excepciones, y le concede a las autoridades competentes (la propia consellería) la potestad de eximir de la colocación del dispositivo. En el decreto, a diferencia del borrador que se sometió a exposición pública, sí que se recoge que Europa abre esa posibilidad, pero se descarta en aras de “buscar un ordenamiento equilibrado” entre el interés general de conservación de los caballos y los “intereses particulares”.
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