Las sierras de A Groba y O Galiñeiro perderán este verano una de sus tradiciones más antiguas. Los propietarios de los mil quinientos caballos salvajes que habitan en los montes miñoranos han decidido suspender los curros, que se desarrollan entre mayo y agosto, en protesta por la imposición del microchip por parte de la Consellería de Medio Rural y por la próxima aprobación del decreto equino de la Xunta, que los obligará a cumplir una serie de trámites burocráticos "propios de las explotaciones ganaderas". La suspensión de las rapas se extiende a toda la provincia de Pontevedra, exceptuando Sabucedo. Diez colectivos caballistas pontevedreses tomaron esta drástica decisión la semana pasada en un encuentro en Amil, convocado tras las "insistentes advertencias de la consellería, a través de las cámaras agrarias, respecto a la obligatoriedad de colocar los dispositivos electrónicos a los animales", explica Xavier Álvarez Blázquez, secretario de la Asociación de Gandeiros de Cabalos de A Groba.
La amenaza de eliminar los curros del calendario estival no es nueva. El año pasado, los ganaderos pusieron a Medio Rural contra las cuerdas con la misma ofensiva. Y lograron una prórroga en la obligatoriedad de colocar el microchip que terminó al iniciarse 2012. Así, los dueños de las "burras" deben implantarles los transpondedores, que cuestan unos 40 euros, una cantidad mayor a la que suelen vender los caballos en el mercado, entre los 30 y los 50 euros.
Pero ahora ya no solo les mueve la inviabilidad del microchip, que consideran "innecesario porque ya existen las marcas tradicionales a fuego", sino también el articulado del decreto equino, que exige a los responsables de los caballos "requisitos propios de granjas, totalmente inadecuados para la cría en libertad, como la presentación de un registro de pastos y de explotación ganadera", argumenta Álvarez Blázquez.
El decreto equino, recalca, enfrenta a los ganaderos con las comunidades de montes "al dejar en manos de los comuneros la decisión sobre la autorización de la presencia de los équidos". "La Xunta se olvida de que los derechos de unos y otros no se puede dejar al arbitrio de ninguna de las partes", explica el dirigente de los ganaderos de A Groba.
Denuncia al Constitucional
En este sentido, Álvarez Blázquez avisa que, en caso de aprobarse el decreto tal y como está redactado, los colectivos afectados, se verán obligados a denunciarlo a la UE, como ya hicieron con la imposición del microchip, puesto que la normativa europea exime a los animales criados en libertad de este tipo de dispositivos. También estudian interponer un recurso de inconstitucionalidad "por vulnerar las normas básicas de la Carta Magna".
Las medidas de presión se complementarán con una marcha a caballo y a pie por Vigo, dado el éxito de participación de la convocada en Baiona el pasado 12 de octubre. Todavía no está definida la fecha ni el recorrido, aunque las asociaciones reunidas en Amil plantearon efectuarla desde Bouzas o Samil hasta la Delegación de la Xunta en la ciudad.
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