La Comisión Europea ha anunciado que pedirá explicaciones a España para aclarar un posible caso de fraude. Según las declaraciones del portavoz comunitario de Salud y Consumo, Frédéric Vincent, se remitirá una carta a las autoridades sanitarias españolas responsables en base a la especulación de que España podría estar implicada en un fraude de productos cárnicos preparados, como por ejemplo albóndigas, en Países Bajos.
Según la corresponsal de La Voz en Bruselas, Cristina Porteiro, de momento no han llegado aviso alguno de las autoridades pero, para evitar especulaciones, solicitarán datos a las autoridades nacionales españolas.
Esta alerta ha surgido después de la publicación por parte del diario holandés Telegraaf sobre una supuesta vinculación de la trama de los piensos con ADN de perro, destapada en enero por La Voz de Galicia, con varias fábricas de Holanda. Según apuntan desde el rotativo, parte de las grasas tratadas en la empresa de Salamanca Corral e Hijos eran enviados a los Países Bajos, donde entraban en la cadena alimenticia animal a través de una empresa que fabricaba piensos para vacas. Según el periodista holandés, esos animales eran después empleados para productos cárnicos elaborados.
A falta de confirmar si esta cadena se producía tal y como apunta Telegraaf, lo que sí es cierto es que en los registros de entradas y salidas de la fábrica de Salamanca Corral e Hijos figuran al menos cuatro empresas de Holanda, junto a otras 40 salpicadas por toda España. En esta fábrica el Seprona localizó ADN de perro y ovino, por lo que se ordenó la paralización de salida de material. Pese a que desde la Junta de Castilla y León aseguran que tan solo había restos en las harinas, que se dedican a alimentación de mascotas, en el informe de la Guardia Civil hablan de presencia de ADN de perro en harinas y chicharros.
Precisamente en esta nave se trataban decenas de kilos de animales recogidos en Galicia, donde se encuentran la mayoría de los once implicados hasta ahora en la trama. Curtidorías, residencias caninas o transportistas aparecen apuntados por la Guardia Civil como implicados en esta red, en las que aparecen otras irregularidades como el transporte mezclado con otros subproductos, diferencias en las cantidades entre los albaranes de entrada y los de gestión y otros problemas. El caso está en fase de instrucción en los juzgados de Ponteareas.
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