La cruzada emprendida por la Fiscalía de Pontevedra hace años contra el uso de las conocidas como "trancas" o "pexas" en los caballos mostrencos que se crían en régimen de semilibertad en los montes de la provincia comienza a dar sus frutos. El juzgado de lo Penal 3 de la capital acaba de dictar la primera de las sentencias de las que se tiene constancia en la que se califica esta práctica como un delito de maltrato animal, tal y como viene defendiendo el Ministerio Fiscal. Es también de los primeros fallos judiciales, al menos que se tenga constancia, en los que se impone una pena de prisión por esta práctica.
Además, la sentencia, fechada en el pasado mes de marzo, es firme ya que se dicta con la conformidad de los acusados, dos hermanos propietarios de los caballos que portaban las conocidas como "trancas". Se trata de un asunto tramitado ante el juzgado de primera instancia e instrucción número dos de Vilagarcía a instancias de la Fiscalía y que acabó finalmente ante el juzgado de lo Penal 3 de Pontevedra. Según se recoge en la sentencia, los dos acusados (E. C. G. y M. C. G.) eran propietarios de una cabaña de ganado equino mostrenco, cuyas reses se encontraban dispersas por el Monte Xiabre (entre los municipios de Vilagarcía, Catoira y Caldas de Reis). Según recoge la sentencia como hechos probados, los acusados "bajo el pretexto de limitar su movilidad y evitar que escaparan, colocaron a varios caballos de su propiedad que pastaban libres por la zona citada, cepos, también denominados trancas, en las extremidades delanteras".
La sentencia del juzgado pontevedrés recoge expresamente los graves daños que puede causar al animal este tipo de práctica al indicar que los acusados instalaron estos artefactos "a sabiendas de que tal práctica dificulta gravemente los desplazamientos de los animales y sus posibilidades de defensa y huida en el caso de ataque de depredadores o incendios y que causa lesiones y deformaciones muy graves en las extremidades de los animales, que llevan aparejados sufrimiento y dolor para los caballos".
El fiscal solicitaba inicialmente 6 meses de prisión por esta práctica, pero el acuerdo con los acusados rebajó esta petición de condena a tres meses de cárcel que no tendrán que cumplir por carecer ambos de antecedentes penales. Además, se les inhabilita para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o comercio relacionado con el ganado equino durante el plazo de un año.
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